Ante la grave situación desencadenada durante la última semana en El Salvador, 99 organizaciones sociales, entre las que se encuentran CODOPA (Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias) y COODCYL (Coordinadora de ONGD de Castilla y León), asociaciones a las que pertenecemos, hemos emitido un comunicado expresando nuestra preocupación ante esta grave situación:

Pronunciamiento conjunto ante el escenario de persecución y criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador

Las articulaciones, organizaciones, movimientos, colectivos de sociedad civil salvadoreña y organizaciones internacionales aliadas firmantes denunciamos con profunda preocupación la creciente persecución y criminalización que enfrentan líderes comunitarios, sindicales, así como personas defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en El Salvador.

Condenamos la reciente captura de Ruth Eleonora López y otras personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales, como el abogado y defensor Alejandro Henriquez y el líder comunitario y pastor Ángel Pérez. Estos hechos forman parte de la escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, que atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho de asociación. 

Rechazamos enérgicamente las acusaciones infundadas y los discursos estigmatizantes emitidos por representantes del Estado salvadoreño, que buscan desacreditar y difamar el trabajo legítimo de las organizaciones sociales y su valioso aporte al desarrollo del país desde la defensa de derechos humanos y el acompañamiento a la población en mayor situación de vulnerabilidad. Esta narrativa no sólo es falsa, sino que representa un retroceso a derechos fundamentales como la participación ciudadana, la libertad de expresión, la independencia de poderes y la contraloría de la sociedad civil frente al poder del Estado.

En este contexto ya adverso, señalamos las graves consecuencias de la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Se crea un nuevo Registro de Agentes Extranjeros de carácter obligatorio, a pesar de que las organizaciones ya se encuentran registradas legalmente ante instancias del Estado. Este re-registro ha sido utilizado en otros países para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo. 

La recién aprobada Ley impone un impuesto del 30%, mismo que no se especifica su finalidad y será aplicado a las transferencias internacionales, también a las donaciones provenientes de cualquier fuente (nacional o internacional), afectando directamente la sostenibilidad del trabajo de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Además, contempla sanciones desproporcionadas de hasta 250,000 dólares por el incumplimiento del registro o de disposiciones vagas como la prohibición de realizar actividades con fines “políticos u otros” que, de manera discrecional, puedan interpretarse como una amenaza al orden público o la estabilidad social. Nos preocupa el involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional —sin una definición clara— refuerzan un esquema legal que habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de sociedad civil. 

Estas disposiciones contravienen estándares internacionales como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 16), que protegen el derecho a la libertad de asociación y a recibir financiamiento sin restricciones indebidas. La posibilidad de suspensión o cancelación de la personería jurídica por presuntos incumplimientos atenta contra el principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, y señalado por relatores especiales de Naciones Unidas como una medida extrema solo aplicable en circunstancias excepcionales. Lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, esta ley socava la legitimidad y operatividad de actores que desempeñan un rol esencial en la defensa de derechos, la acción humanitaria y la participación ciudadana.

En el contexto actual de cierre progresivo del espacio cívico, es urgente rechazar y denunciar esta legislación por su potencial de instrumentalización política y su impacto directo sobre las comunidades más vulnerables del país.

Durante décadas, las organizaciones sociales y ONGs hemos contribuido a la construcción de espacios participativos, abierto oportunidades laborales y hemos promovido el desarrollo de las comunidades, desde la solidaridad, el compromiso con la justicia social y la defensa de la dignidad humana.

Las organizaciones sociales y defensoras de DDHH hemos sido un soporte histórico frente al abandono estructural del Estado, hemos contribuido a generar cambios favorables en nuestra sociedad, a reducir las desigualdades y a impulsar la creación de leyes que garanticen los derechos humanos y resguarden la naturaleza como bien común.

Reiteramos que defender derechos humanos no es delito. Es un deber y un derecho ciudadano que debe ser garantizado, respetado y protegido por el Estado. Ni el autoritarismo, la represión, la falta de garantías judiciales, las políticas y leyes que afectan a la ciudadanía son el camino a la democracia y al Estado de derecho; por el contrario, son prácticas que en el pasado han dejado heridas de las que aún no hemos sanado. Por eso y por una sociedad justa y democrática, el camino es trabajar por los derechos humanos, el respeto y garantías para toda la ciudadanía, especialmente la que está en mayor situación de vulnerabilidad.

Por ello, desde la articulación de organizaciones sociales reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y exigimos al Estado:

1. La liberación inmediata de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales detenidas arbitrariamente, así como el cese de todo proceso judicial sin fundamento, carente de garantías y del debido proceso.

2. El respeto y garantías plena del derecho a la libre asociación, la participación ciudadana, la libertad de expresión, sin amenazas, represalias ni estigmatización hacia quienes defienden los derechos fundamentales.

3. El veto o derogación de la Ley de Agentes Extranjeros, por ser una normativa que promueve la criminalización, el control y la censura contra las organizaciones sociales, así como su impacto en las poblaciones más empobrecidas y vulneradas, quienes perderán el acceso a programas y proyectos de salud comunitaria, atención psicosocial, prevención de la violencia contra mujeres y niñas, acompañamientos a víctimas, apoyo a emprendimientos, así como la defensa del territorio y la naturaleza.

A la comunidad internacional y al cuerpo diplomático acreditado en el país; les urgimos a acompañar y acuerpar la labor legítima de las personas y organizaciones defensoras, pronunciándose y denunciando las acciones que atenten contra los principios democráticos que rigen su misión institucional.  En particular, hacemos un llamando a los organismos internacionales de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano y/u otros que son parte de las relaciones diplomáticas bilaterales con el Estado, a poner atención y dar el debido seguimiento a los graves acontecimientos que están sucediendo en el país e instar al Estado que desista de impulsar medidas contrarias a sus obligaciones internacionales y que agravan la crisis democrática que vive El Salvador. 

21 de mayo de 2025, San Salvador.

Suscribimos el presente pronunciamiento las siguientes organizaciones sociales nacionales e internacionales:

– Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud 
– Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua
– Articulación Nacional de Comunidades Eclesiales de Base en El Salvador
– Asamblea Feminista de El Salvador
– Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta – ADES
– Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador
– Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos
– Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA
– FDIM El Salvador
– Asociación de Periodistas de El Salvador – APES
– Colectivo Voces Diversas
– Cristosal
– Instituto de Derechos Humanos de la UCA – Idhuca
– Foro Nacional de Salud
– Mesa Contra la Impunidad en El Salvador – MECIES
– Mesa por el Derecho a Defender Derechos – MDDD
– Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora – UNT
– Servicio Social Pasionista – SSPAS
– Socorro Jurídico Humanitario
– Colectiva Feminista para el Desarrollo Local 
– Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos – FESPAD
– CooperAcció
– Coordinadora de ONGD de Castilla y León (España) – COODECyL
– Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte-Entrepobos
– Comité Oscar Romero de Valladolid.
– Red de solidaridad para la transformación social (Reds)
– Asociación Acción Verapaz
– Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA)
– Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del ISDEMU- USTTISDEMU
– Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa.
– Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa
– Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo – ICID
– Coordinadora Cántabra de ONGD (España)
– Red de ONGD de Madrid 
– SOLdePaz.Pachakuti
– Asociación Nayarit Mujeres y Juventudes
– Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH 
– Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX)
– Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género.
– Federación Salvadoreña LGBTI.
– Equipo Ventana Abierta Santa Marta.
– La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo- España
– Asociación Centro Civitas
– Fundación para la Cooperación-APY Solidaridad en acción
– Alianza por la Solidaridad-ActionAid
– FEASIES
– Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
– Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador 
– Movimiento de Mujeres de Santo Tomás – MOMUJEST
– Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer – IMU
– Seguridad en Democracia (SEDEM)
– ForumCiv (Suecia)
– Asociación France Amérique Latine (Francia)
– Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
– Mesa por la Soberanía Alimentaria (MpSA)
– Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
– Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM)
– Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo (MPGR)
– Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora
– Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala – UDEFEGUA
– Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador – MILPA
– La Comuna, asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista. 
– Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania)
– Territorio Doméstico (España)
– Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V. (Alemania) 
– Red Interlavapies (España)
– Revuelta de Mujeres en la Iglesia (España)
– Red Miriam de Espiritualidad Ignacia Femenina (España)
– Federación Aragonesa de Solidaridad (España)
– CLOC-Vía Campesina-El Salvador
– Peace Watch Switzerland
– Solidaridad Internacional Andalucía
– LaFede.Justícia Global (Catalunya, España)
– Fundación SHARE
– Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria -FOCIS
– Laboratório de Estudos Rurais – LABRURAL/UFRN/Brasil
– Asociación Cultural LoQueSomos.org (España)
– Comité Coordinador de grupos solidarios Alemania y Suiza con El Salvador
– Zentralamerika-Sekretariat (Suiza)
– Equipo Maíz 
– Núcleo de Estudios en Memoria y Paz – Universidad Católica de Manizales – Colombia
– Las Hijas de Safo
– Asociación Matumaini
– CIVICUS Alianza Global
– Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC – Si
– Convergencia por los Derechos Humanos
– CEIPES – Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los Pobres de El Salvador
– CORCA – Coordinadora Oscar Romero de Centroamérica
– SICSAL – Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América – Latina “Oscar Romero”
– FUNDAHMER – Fundación Hermano Mercedes Ruíz (El Salvador)
– Fundación Muchas Mas ( España)
– Fraternidad Romeriana de El Salvador
– Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa) (desde Bélgica)
– Grupo Solidair met Guatemala – Bélgica
– Feministas Aragón por Nicaragua
– Asamblea 8M. Zaragoza
– Comité Cristiano de Solidaridad Óscar Romero de Aragón
– Coordinadora de ONGD Euskadi